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El vacío legal de las motos eléctricas: circulan sin SOAT y los accidentes los paga el Estado
Cuando un conductor huye de la escena de un accidente sin SOAT vigente, la cuenta del hospital no desaparece. Conozca cómo el sistema de salud público termina subsidiando la irresponsabilidad vial.
El caos del tráfico urbano en Colombia esconde una de las peores caras de la irresponsabilidad vial: el temido ‘accidente fantasma’. Cuando una motocicleta cruza un semáforo en rojo, atropella a un peatón y huye en la oscuridad de la noche, o cuando un vehículo provoca una colisión múltiple y desaparece de la escena, surge una pregunta ineludible en la sala de urgencias: ¿quién asume los exorbitantes costos médicos de las víctimas?
La respuesta es tan compleja como preocupante. Cuando no hay un responsable identificado o el vehículo involucrado circula sin un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, la factura hospitalaria no se anula. El costo termina siendo subsidiado directamente por el Estado a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), creando un gigantesco hueco fiscal que, en última instancia, pagamos todos los colombianos.
Las abrumadoras cifras del descaro vial
El volumen de dinero público drenado por la evasión es alarmante. Según los reportes oficiales más recientes, durante el año 2025, la ADRES se vio obligada a desembolsar $702.000 millones para cubrir atenciones médicas de siniestros sin SOAT o no identificados. Esta cifra representó un escandaloso aumento del 44 % frente al periodo anterior.
Desglosando este rubro, descubrimos que solo los casos catalogados netamente como ‘vehículos fantasma’ obligaron al Estado a girar más de $433.000 millones. El peso de esta negligencia recae casi en su totalidad sobre el segmento de las dos ruedas: las motocicletas representaron un aplastante 95,9 % de las reclamaciones de vehículos identificados que circulaban sin su póliza al día.
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El vacío legal de la movilidad eléctrica
Si el panorama actual ya resulta insostenible para el sistema de salud, una nueva variable tecnológica amenaza con agravar la crisis. Desde el año pasado, bajo ciertas exenciones normativas de potencia y velocidad, cientos de miles de vehículos eléctricos livianos (motos eléctricas de bajo cilindraje y ciclomotores) ingresaron al país amparados por un vacío legal que los exime de portar matrícula, licencia y SOAT.
El problema es evidente en las calles. Lo que la ley concibió como ‘micromovilidad’ o bicicletas con pedaleo asistido, en la práctica son motocicletas eléctricas que alcanzan velocidades peligrosas, invaden las ciclorrutas y zigzaguean por las calzadas mixtas a la par de los automóviles.
¿Está el sistema listo para una nueva ola de accidentes?
El vacío regulatorio es una bomba de tiempo financiera. “Mientras el parque de motos eléctricas crece aceleradamente, la regulación todavía no define quién paga cuando ocurre un accidente grave”.
Cuando uno de estos ciclomotores eléctricos —que legalmente no está obligado a tener póliza— atropella a un ciudadano o sufre un accidente severo, el caso entra irremediablemente a la subcuenta ECAT de la ADRES. Esto significa que el Estado terminará absorbiendo el costo del trauma, la cirugía y la rehabilitación de una nueva y creciente categoría de vehículos no asegurados.
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Frente a la escalada en las cifras de siniestralidad, la autoridad de tránsito y el Ministerio de Salud se enfrentan a un reto monumental. Seguir subsidiando los ‘accidentes fantasma’ no solo drena los recursos de los hospitales públicos, sino que fomenta una cultura de evasión. El debate está abierto: ¿es hora de exigir pólizas obligatorias para toda máquina que circule con un motor por las calles colombianas?
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