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¿Ensamblarán vehículos eléctricos en Colombia? Esto es lo que se sabe
El Gobierno firmó el Decreto 595 que elimina aranceles y burocracia para convencer a los gigantes de la electrificación de abrir fábricas en el país. Así funcionará la “carnada” comercial para fabricar eléctricos en Colombia.
La agresiva intención de Colombia de dejar de ser un simple importador de vehículos eléctricos se acaba de materializar en el papel. El Gobierno Nacional, bajo la firma del Decreto 595 del 11 de junio de 2026, oficializó la creación del marco regulatorio más ambicioso de la última década para intentar seducir a la industria automotriz global. El objetivo no está oculto: atraer inversión extranjera y convertir al país en una plataforma regional de producción y ensamblaje de plataformas cero emisiones.
La ‘carnada’ jurídica: nacen el INPIMHEL y el RTE-E
Para convencer a los gigantes automotrices de desembolsar cientos de millones de dólares en suelo colombiano, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estructuró dos potentes mecanismos comerciales.
El primero es el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales (INPIMHEL). Esta figura funciona como una alfombra roja para los inversionistas. Si una empresa decide instalar una planta en el país, el Estado le otorgará un arancel del 0 % para la importación de toda la maquinaria pesada, robótica y sistemas de calibración necesarios para el montaje. Adicionalmente, el Gobierno promete tratamientos prioritarios en las aduanas y la reducción drástica de la burocracia para que la fábrica opere en tiempo récord.
El segundo as bajo la manga es el Régimen de Transformación y Ensamble (RTE-E). Una vez la planta esté operativa, las marcas podrán importar los vehículos en cajas (modalidad SKD) para que sean armados directamente por operarios colombianos.
Los cupos de importación: el negocio de la transición
Construir una planta toma tiempo, pero las marcas necesitan seguir vendiendo. Para solucionar este bache, el decreto ofrece un beneficio extraordinario: mientras las empresas construyen su fábrica en Colombia, el Gobierno les autorizará importar hasta 20.000 vehículos anuales (durante 2026 y 2027) pagando un arancel preferencial de apenas el 5 %.
Esta “carnada” comercial es música para los oídos de marcas chinas como BYD, Geely, Chery o GAC, las cuales ya lideran la transición tecnológica en América Latina y buscan expandir su capacidad instalada en la región.

Mano de obra e integración local innegociable
El Gobierno fue claro en que este decreto no es un pase libre para evadir impuestos. Las empresas que se acojan a estos beneficios aduaneros tendrán que cumplir con estrictas contraprestaciones operativas. La normativa exige que, como mínimo, el 70 % de la mano de obra utilizada en las fases de ensamble, alistamiento y validación técnica sea colombiana.
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A esto se le suma la obligación de integrar componentes de autopartes locales dentro del vehículo. Este porcentaje será exigido de forma escalonada:
- 2027: Integración nacional mínima del 2 %.
- 2028: Integración nacional mínima del 4 %.
- 2029: Integración nacional mínima del 6 %.
- 2030 en adelante: Integración del 8 %.
¿Habrá plantas nuevas a corto plazo?
A pesar del optimismo gubernamental expresado por la ministra Diana Marcela Morales Rojas, es fundamental aclarar la realidad periodística: el decreto no es un anuncio de construcción. Hasta el momento, ninguna marca asiática ni europea ha confirmado oficialmente la instalación de una megaplanta bajo esta nueva figura.
Lo que sí logró el Gobierno de Gustavo Petro fue sentar las bases jurídicas para entrar a competir por la captación de capitales. Si alguna de las grandes potencias de la electrificación asiática muerde el anzuelo de los 20.000 cupos de importación, Colombia podría soñar con reactivar su capacidad manufacturera y escribir un nuevo capítulo en la historia de la industria automotriz continental.
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