Colombia quiere fabricar carros eléctricos: el Gobierno busca cambiar la industria automotriz

El mercado automotor colombiano atraviesa un auge electrizante. Solo durante el año 2025, las ventas de vehículos electrificados en el país superaron históricamente las 41.000 unidades. Sin embargo, casi el 100 % de estas máquinas llegaron por vía marítima. Cansado de ser un simple importador, el Gobierno Nacional ha estructurado una agresiva política industrial que busca transformar a Colombia en una plataforma de ensamblaje y exportación para América Latina.

La estrategia oficial, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), se fundamenta en un nuevo proyecto de decreto que introduce dos potentes figuras legales: el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales (INPIMHEL).

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El ‘gancho’ financiero: aranceles a cero y maquinaria libre

Construir una planta automotriz desde cero exige cientos de millones de dólares. Para seducir a los grandes fabricantes, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un ecosistema de incentivos muy difícil de ignorar. El proyecto ofrece un arancel del 0 % para la importación de toda la maquinaria pesada, robótica, líneas de ensamblaje y herramientas tecnológicas necesarias para montar una fábrica en territorio nacional.

Además, el decreto contempla la asignación de jugosos cupos especiales de importación para vehículos ya armados. Se permitiría el ingreso de hasta 20.000 vehículos electrificados anuales con un arancel preferencial del 5 %. La trampa comercial es inteligente: para que un fabricante acceda a estos carros baratos, deberá firmar el compromiso innegociable de instalar una planta y generar empleo local en Colombia.

El ajedrez geopolítico: un ojo puesto en China

En el contexto regional, resulta titánico competir contra potencias manufactureras como México, que exporta millones de unidades al año hacia Estados Unidos, o contra la robusta industria de Brasil. Sabiendo esto, el Gobierno colombiano ha enfocado su radar hacia los fabricantes emergentes de China.

Marcas como BYD, Geely, Chery y GWM dominan la tecnología cero emisiones a nivel global y buscan desesperadamente expandir sus redes de manufactura en Latinoamérica. Colombia ofrece ventajas estratégicas que resultan atractivas para los asiáticos: acceso directo a dos océanos, mano de obra competitiva y una red de tratados comerciales consolidados.

La realidad de la producción: un inicio en cajas

Es crucial entender que, de aprobarse esta ley, Colombia no fabricará carros desde cero de la noche a la mañana. La industria arrancaría bajo esquemas de ensamblaje CKD (Complete Knock Down) o SKD. Es decir, los vehículos llegarán al país “desarmados” en contenedores y los operarios locales se encargarán del armado final, la soldadura y la adaptación a nuestra geografía.

A mediano plazo, la meta es que el país comience a desarrollar y producir autopartes parciales como el cableado estructural, interiores, componentes de carga y software local, reservando la compleja manufactura de las celdas de batería para una etapa futura mucho más madura.

Las sombras del proyecto: logística y escala

A pesar de las promesas de reactivación, analistas y gremios han expresado sus reservas. El principal obstáculo de esta utopía industrial es la escala. Mientras México produce vehículos por millones, el mercado interno colombiano apenas absorbe 250.000 unidades anuales en sus mejores épocas, lo que limita drásticamente la rentabilidad de una planta exclusiva para el país.

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A esto se suman los endémicos problemas de infraestructura nacional. Los altísimos costos logísticos para mover carga desde los puertos hasta el interior, la ausencia de una red de proveedores locales robusta y la incertidumbre frente a las tarifas de energía industrial son factores que hacen dudar a cualquier inversionista extranjero.

Si el plan de Petro funciona, Colombia dejaría de depender de la volatilidad internacional para abrir miles de puestos de trabajo de alta ingeniería, logrando incluso reducir el precio de venta al público de estos vehículos. De fracasar, el decreto quedará como un simple documento de intenciones, ratificando nuestra condena histórica de ser eternos compradores de tecnología extranjera.

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