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Gobierno pone bajo la lupa 7,5 millones de fotomultas: más de 5,8 millones perderían validez
La Superintendencia de Transporte investiga a 37 organismos por operar cámaras sin permisos técnicos. Si usted ya fue sancionado por estas fotomultas, preste atención a sus derechos.
El sistema de control vial en Colombia acaba de recibir uno de los sacudones legales e institucionales más fuertes de su historia reciente. La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte anunciaron la apertura de una megainvestigación que pone bajo estricta revisión más de 7,5 millones de comparendos emitidos por Sistemas Automáticos y Semiautomáticos de Detección de Infracciones, conocidos técnicamente como ‘SAST’ o, en el argot popular, como ‘fotomultas’.
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La magnitud de esta auditoría amenaza con desmantelar una parte considerable del recaudo de tránsito a nivel nacional. Según las autoridades, las graves irregularidades técnicas y legales encontradas podrían obligar a la revocatoria de oficio de aproximadamente 5,8 millones de infracciones, sentando un precedente histórico en la defensa del conductor frente a los abusos tecnológicos.
El eslabón perdido: la calibración técnica
Para que una cámara de fotodetección pueda emitir una multa legal y válida en el territorio nacional, no basta con tomar una fotografía nítida de la placa o medir el exceso de velocidad. La investigación estatal se fundamenta en el presunto y masivo incumplimiento de la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.
El hallazgo central del Gobierno radica en la ausencia del certificado de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología. Este documento es el aval técnico innegociable que garantiza que los radares y sensores de los ‘SAST’ están correctamente calibrados y son exactos. Sin este papel, cualquier medición carece de validez jurídica, ya que no se puede comprobar si la máquina falló al registrar la presunta infracción.
Una operación al margen de la norma
El reporte oficial sobre los 37 organismos de tránsito investigados revela un panorama preocupante de desorden administrativo. Los datos de la SuperTransporte indican que 12 entidades comenzaron a operar sus cámaras sin contar con el concepto técnico requerido por la ley.
Adicionalmente, otros siete organismos utilizaron certificados expedidos a nombre de terceros para validar sus propios equipos instalados, mientras que 18 entidades obtuvieron la certificación técnica mucho tiempo después de haber iniciado la imposición de ‘fotomultas’ a los ciudadanos en las calles.
Las ciudades en el ojo del huracán
El listado de las secretarías involucradas abarca gran parte de la geografía nacional, incluyendo capitales de peso como Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Valledupar, Montería y Sincelejo, además de municipios con un flujo vehicular crítico como Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario.
Sin embargo, el epicentro geográfico de esta tormenta legal está en Cali. La capital del Valle del Cauca lidera holgadamente las estadísticas con más de 2,7 millones de registros bajo revisión estatal. Inmediatamente después se ubican Medellín y Bogotá, ciudades donde estas redes operan con un volumen masivo de capturas diarias.
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¿Qué pasará con su dinero si usted ya pagó?
Aquí es donde la investigación toma un tinte financiero masivo. Si usted es uno de los conductores que pagó un comparendo impuesto por una cámara sin certificación, el Estado podría obligar a la devolución de su dinero. Las proyecciones del Ministerio indican que hay más de 1,5 millones de sanciones ya canceladas que entrarían en este grupo, lo que forzaría a los organismos de tránsito a realizar devoluciones que superarían el $1 billón.
El golpe a las arcas de los operadores no termina ahí. Las entidades y concesionarios investigados se exponen a multas y sanciones económicas punitivas que podrían sobrepasar los $2,1 billones si se comprueba su negligencia sistemática.
Como bien lo señaló María Fernanda Rojas, actual ministra de Transporte, el objetivo de esta cruzada institucional es proteger el debido proceso. La tecnología debe ser una herramienta para garantizar la seguridad vial, pero las autoridades no permitirán que los ‘SAST’ sigan operando como mecanismos de recaudo por fuera de la ley. Por ahora, los conductores colombianos deberán estar atentos a las resoluciones de sus respectivas secretarías; la caída de las cámaras apenas comienza.
REVISTA TURBO
