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Investigan contrato de $14.000 millones por retrasos en cámaras de placas en Bogotá, que tal así
Más de 120 dispositivos (cámaras) de detección de placas, vitales para rastrear vehículos hurtados y resolver secuestros, siguen sin instalarse tras dos años de retrasos y controversias técnicas.
La tecnología de punta en seguridad no sirve de nada si termina almacenada en cajas. La Procuraduría General de la Nación notificará formalmente la apertura de una investigación disciplinaria contra un funcionario de la Secretaría Distrital de Seguridad por presuntas irregularidades en el contrato SCJ-1904-2023. El objeto del proceso, valorado en más de 14.000 millones de pesos, era fortalecer la red de videovigilancia de la capital con cámaras inteligentes, pero la ejecución se ha convertido en un laberinto administrativo.
El rezago de las cámaras LPR
El punto crítico de la investigación radica en las cámaras LPR (License Plate Recognition o Reconocimiento de Placas). De los 200 dispositivos contratados inicialmente en la administración anterior, hoy apenas operan 80. Esto significa que el 60% del equipo tecnológico, que debió estar listo el 5 de agosto de 2024, sigue guardado en bodegas mientras la ciudad enfrenta retos crecientes de criminalidad.
Aunque la actual administración ha logrado instalar 30 unidades en el último año, el cumplimiento total del contrato parece una misión imposible. Según los registros del Secop II, el plazo final tras varias prórrogas vence el próximo 27 de abril. Para cumplir, el Distrito tendría que instalar entre dos y tres cámaras diarias durante los próximos 50 días, un ritmo que la infraestructura eléctrica de la ciudad difícilmente permite.
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¿Por qué estos dispositivos son el “terror” de los delincuentes?
A diferencia de una cámara de vigilancia convencional, una unidad LPR es un escáner de alta velocidad. Estos dispositivos tienen la capacidad técnica de identificar hasta 55.541 placas por día, almacenando datos críticos como la marca, el modelo, el color del vehículo y la ruta exacta de tránsito.
Si el sistema estuviera operando al 100%, casos de alto impacto como el secuestro de la ciudadana Diana Ospina o el crimen del profesor Neill Cubides habrían tenido una respuesta forense inmediata. Al ingresar una placa en la analítica de video, el sistema rastrea automáticamente el último avistamiento del automotor, permitiendo cierres viales en tiempo real. Sin estos “ojos” activos, la Policía pierde una ventaja táctica de milisegundos que define la recuperación de un vehículo o la captura de un delincuente.
Obstáculos técnicos: una ciudad en obra
La justificación de la Secretaría de Seguridad para este retraso se centra en la realidad física de Bogotá. El secretario César Restrepo ha señalado que los estructuradores del contrato original no previeron que una ciudad con más de 1.000 frentes de obra cambia sus condiciones de conectividad permanentemente.
Las cámaras LPR deben anclarse en puentes vehiculares o peatonales, estructuras que en muchos casos están siendo intervenidas por el IDU o que carecen del suministro eléctrico necesario para alimentar los potentes sensores infrarrojos de los equipos. Esta falta de planeación técnica entre la necesidad de seguridad y la realidad de la infraestructura vial es lo que hoy tiene al contrato bajo la lupa de la Contraloría y la Procuraduría.
Bogotá vs. Medellín: la brecha tecnológica
Mientras la capital del país lucha por poner en marcha sus primeras 200 cámaras inteligentes, Medellín le lleva una ventaja notable. La capital antioqueña cuenta actualmente con 562 dispositivos LPR activos y proyecta duplicar esa cifra en los próximos dos años. Este contraste evidencia que, más allá del presupuesto, la clave del éxito en la seguridad tecnológica reside en la coordinación de la red eléctrica y la estabilidad de los postes y puentes donde se ubica el hardware.
El ecosistema de videovigilancia actual
A pesar del tropiezo con las cámaras de placas, el sistema general de Bogotá ha mostrado avances en otras áreas. Al 28 de febrero de 2026, la ciudad cuenta con 13.906 cámaras conectadas al C4 (Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo). De estas, destacan las cámaras multisensor, que ofrecen una cobertura de 360 grados mediante cinco lentes independientes, permitiendo una vigilancia sin puntos ciegos.
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La integración de herramientas como BriefCam, que permite analizar horas de video en minutos buscando rasgos específicos como el color de la ropa o la dirección de movimiento, ha facilitado la captura de 89 personas por diversos delitos en lo que va del año. Sin embargo, el vacío que dejan las 120 cámaras LPR faltantes sigue siendo el eslabón débil para combatir delitos que involucran vehículos y motocicletas.
La efectividad de la seguridad urbana en la era de la movilidad inteligente depende de la capacidad de transformar datos en acciones preventivas. Bogotá no puede permitirse tener tecnología de punta acumulando polvo mientras los ciudadanos demandan calles más seguras. La resolución de este contrato antes del 27 de abril será la prueba de fuego para demostrar si la capital puede, finalmente, ponerse al día con el estándar tecnológico que exigen sus ocho millones de habitantes.
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