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¿Va a sacar su licencia? señales de alerta para no caer en un centro ilegal
La Fiscalía imputó a siete empleados de un centro de formación automovilística por certificar clases prácticas nunca cursadas. El fraude involucra la manipulación de sistemas de biometría vinculados al Ministerio de Transporte. Por ello, conozca la guía para no caer en estafadores.
La obtención de la licencia de conducción en Colombia es, técnicamente, la validación de que un ciudadano posee las aptitudes físicas y el conocimiento normativo para operar una máquina en la vía pública. Sin embargo, este proceso de seguridad vial se ha visto vulnerado por estructuras que buscan lucrarse de la ilegalidad. En un operativo contundente, la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una red delictiva en Samacá (Boyacá), conformada por trabajadores de un centro de enseñanza que operaban bajo un sofisticado esquema de fraude procesal.
El operativo en Samacá: falsedad en el sistema
La investigación, liderada por la Unidad de Fe Pública y Patrimonio Económico, identificó a siete empleados de un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) como los presuntos responsables de expedir irregularmente certificados de aptitud. Los implicados, entre los que se encuentran Karen Julieth Escala Rodríguez, Julieth Alejandra Muñoz Sanabria, Euliber Páez Tovar, Jorge Andrés Zapata Rico, Cristian Camilo Cuadrado Pimiento, Winston Andretti Forero y Ronald Albeiro Trujillo Moreno, habrían participado en al menos 18 eventos ilícitos entre enero y septiembre de 2024.
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El modus operandi consistía en consignar información falsa en las plataformas que se entrelazan con el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad. De esta manera, hacían aparecer a usuarios como aptos y capacitados, cuando en realidad nunca cumplieron con la intensidad horaria ni las pruebas exigidas por la ley.
Maniobras técnicas: burlando la biometría
Uno de los aspectos más alarmantes desde el punto de vista técnico es la manipulación de los registros de biometría. La red no solo alteraba planillas físicas, sino que adelantaba registros de huellas y presencia mediante maniobras fraudulentas para dar una apariencia de legalidad ante el sistema central. Los instructores involucrados reportaban la aprobación de clases prácticas de conductores que jamás se subieron a un vehículo de enseñanza.
Analizamos que este tipo de fraude procesal debilita la confianza en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), la base de datos que debería garantizar que solo personas calificadas obtengan el derecho a conducir. Los procesados ahora enfrentan cargos por falsedad en documento privado y fraude procesal, delitos que conllevan penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos técnicos en el sector transporte.
Señales de alerta: cómo identificar centros ilegales
El caso de Samacá es un recordatorio urgente para los ciudadanos. Existen señales innegociables para identificar un proceso fraudulento:
- Ofertas de licencias “sin clases”: La asistencia presencial es obligatoria y está sujeta a control biométrico. Cualquier centro que prometa omitir este paso es ilegal.
- Precios sospechosamente bajos: Los costos de un CEA están regulados para cubrir seguros, instructores y mantenimiento. Un valor muy por debajo del mercado suele ocultar certificados falsos.
- Falta de trazabilidad en el RUNT: Antes de pagar, usted debe verificar que el centro esté activo en el portal oficial del RUNT. Si no aparece, su dinero y su registro están en riesgo.
El riesgo de conducir sin formación real
Más allá del ámbito penal, la expedición irregular de certificados tiene un impacto directo en la siniestralidad vial. Un conductor que obtiene su licencia mediante un atajo carece del entrenamiento necesario para realizar maniobras de emergencia o entender la física del frenado.
Técnicamente, en caso de un accidente, si se comprueba que la licencia fue obtenida mediante una red delictiva, las aseguradoras tienen la facultad legal de objetar el pago de indemnizaciones. El beneficiario de estas redes no es solo una víctima de estafa; ante la ley, es un cómplice que pone en riesgo la vida de los demás actores viales.
La desarticulación de esta banda en Boyacá demuestra que los sistemas de control estatal están cerrando el cerco sobre la corrupción en la enseñanza automotriz. Consideramos que la licencia de conducción debe recuperarse como un título de responsabilidad civil y no como un simple trámite comercial. Instamos a las autoridades a endurecer la vigilancia sobre la biometría en tiempo real y a los ciudadanos a denunciar cualquier oferta que prometa atajos. Al final, un certificado comprado es una garantía de inseguridad en el asfalto.
REVISTA TURBO
