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Concesionarios alertan por carga tributaria: el ICA absorbe hasta el 33% de sus utilidades
El gravamen local, que se aplica sobre los ingresos brutos, llega a consumir el 33% de la utilidad neta de los concesionarios. El gremio propone un plan de choque fiscal para renovar un parque automotor que ya supera los 20 años de antigüedad.
El sector de la distribución automotriz en Colombia ha lanzado una alerta roja sobre su viabilidad financiera. A pesar de los esfuerzos por dinamizar el mercado y la llegada de nuevas tecnologías, la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto) denuncia que la carga tributaria actual ha dejado de ser una contribución para convertirse en un obstáculo insalvable. El centro de la controversia es el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), un tributo local que, por su naturaleza de cálculo, está drenando la capacidad de inversión de las empresas del sector.
ICA: la distorsión de los ingresos brutos
Técnicamente, el problema del ICA radica en su base gravable. A diferencia de otros impuestos que gravan la ganancia real, este se aplica sobre los ingresos brutos. En el negocio de los concesionarios, donde el valor unitario de un vehículo es alto pero el margen de utilidad es estrecho, el impacto es devastador. Según cifras de Aconauto, este tributo llega a representar el 33% de la utilidad de un negocio, una proporción que compromete la estabilidad operativa y desestimula la creación de nuevos empleos en las vitrinas del país.
Para los empresarios del sector, esta estructura impositiva castiga la eficiencia. Al reducirse el margen de maniobra financiera, se frena la inversión en infraestructura técnica y en la modernización de los centros de servicio posventa, vitales para atender las nuevas arquitecturas de vehículos híbridos y eléctricos que demandan los estándares de este 2026.
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El reto de la renovación: un parque automotor agotado
La preocupación de los concesionarios no es solo contable; tiene una raíz operativa y ambiental. Colombia presenta hoy una realidad crítica: la antigüedad promedio de su parque vehicular supera los 20 años. Un vehículo de dos décadas no solo carece de los sistemas de seguridad activa (ADAS) mínimos, sino que sus niveles de emisiones de material particulado son exponencialmente superiores a los de un modelo Euro VI.
Aconauto sostiene que, para desatorar este nudo, el Gobierno Nacional debe emitir una política pública de fomento. La propuesta se centra en facilitar el acceso al mercado mediante el subsidio de la tasa de interés y una reducción drástica de la carga impositiva. “Es facilitando el acceso a los mercados y no asfixiando los negocios como se promueve el crecimiento económico”, señalan desde la agremiación.
Un plan de choque de cuatro puntos
La hoja de ruta propuesta por Aconauto para reactivar el sector incluye medidas de alto impacto fiscal:
- Reducción del ICA: Ajustar el gravamen local para que sea coherente con la realidad de los márgenes comerciales.
- Eliminación del Impoconsumo: Suprimir este impuesto que encarece artificialmente el precio final al usuario.
- IVA a la mitad: Reducir la tasa del Impuesto al Valor Agregado para incentivar la compra de vehículos nuevos más eficientes.
- Reforma a la carga pesada: Abolir el esquema de chatarrización 1 a 1, el cual, según el gremio, valoriza de forma artificial los equipos usados y obsoletos, impidiendo que los transportadores migren a tecnologías más limpias.
Análisis: la sostenibilidad fiscal vs. la operativa
Analizamos que el incremento en las ventas de automotores nuevos no solo beneficiaría al sector privado. Un mercado dinámico genera, paradójicamente, un mayor recaudo fiscal vía impuestos indirectos y derechos de tránsito, recursos que hoy se están perdiendo debido a la parálisis de las renovaciones.
La eliminación de barreras para el segmento de carga es quizás el punto más sensible. Al mantener equipos antiguos rodando por las cordilleras colombianas, el país paga un costo oculto en accidentalidad vial y gastos de salud pública por mala calidad del aire. Facilitar la entrada de camiones modernos es una necesidad técnica que la legislación tributaria actual no parece estar priorizando.
La petición de Aconauto pone sobre la mesa un debate ineludible: ¿puede Colombia modernizar su movilidad bajo un régimen fiscal diseñado para el siglo pasado? En REVISTA TURBO consideramos que la revisión del ICA y la reducción del IVA son herramientas necesarias para que el país no se quede rezagado en la transición hacia una movilidad más segura y sostenible. Facilitar que un ciudadano cambie un vehículo de 20 años por uno nuevo es, ante todo, un acto de responsabilidad ambiental y social que requiere de voluntad política inmediata.
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